La democracia que todos quisimos, y queremos, ya cumplió veinticinco años. Todo parecería indicar que ha llegado la hora de impulsar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
Diciembre de 2001 fue una señal, un fenómeno revelador. Estuvimos al borde del abismo y, sin embargo, la sociedad civil no optó por sumirse en el desconsuelo, ni por perderse en un mar de confusiones, como ocurrió tantas otras veces en el pasado.
Se había perdido la esperanza, y los síntomas eran decepción, frustración y desconfianza; ya nadie creía en quienes encarnaban el sistema.
Habían sido demasiados los tecnócratas, demasiada su influencia en la administración y en la economía; había sido demasiado el daño causado al interés popular.
Aquella crisis institucional se producía al mismo tiempo en que la democracia alcanzaba la mayoría de edad y, posiblemente por ello, pudo seguir adelante aunque con muletas. El pueblo demostró su madurez, pero la cicatriz quedó como aquella huella que deja en el ánimo un sentimiento reciente.
Todos hemos escuchado alguna vez que, "los males de la democracia sólo se superan con más democracia"; ¿cómo sería esto?, ¿de qué manera se podría democratizar, un poco más, la democracia?, ¿cómo agregarle al actual sistema una dosis mayor de democracia, para poder garantizar un ejercicio más eficiente de los derechos políticos?
Si el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, y los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema; aquí estaría el eje de la cuestión y la respuesta a esos interrogantes.
Habría que compatibilizar, armónicamente, las facultades propias de los representantes, con la responsabilidad de las fuerzas políticas y con el principio de soberanía popular.
La clave estaría en la plataforma electoral de cada partido o alianza política que pretenda alcanzar los máximos honores de la democracia.
Si la evasiva es un recurso para no comprometerse en serio, proponemos una democracia sin evasivas. Aspiramos a que las plataformas electorales sean de presentación inexcusable, oportunamente publicitadas, claras y precisas, y que abarquen todos los temas de interés general; área por área, ministerio por ministerio.
La plataforma electoral no debería ser tan solo una carta de buenas intenciones; debe ser vinculante. Así la elección de autoridades representaría una verdadera opción entre varios programas de gobierno, debidamente plebiscitados y, entonces, cada ciudadano determinaría la prioridad que estime corresponder a cada tema, haciendo un análisis selectivo, para después optar por el programa que le ofrezca mayores coincidencias en los asuntos que considere más relevantes.
Porque las promesas electorales deben dejar de ser meros compromisos morales sin trascendencia jurídica, proponemos la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir en su plenitud el contenido de la plataforma electoral presentada, como programa de gobierno, por la fuerza política que resulte ser favorecida por el voto popular.
Pretendemos que ese programa de gobierno, votado por la ciudadanía, tenga fuerza de ley y que su promulgación sea automática, entrando en vigencia el mismo día en que la fórmula presidencial preste juramento.
Para respetar la voluntad de las urnas, consideramos que no se debería poder modificar el programa de gobierno elegido por la ciudadanía sin mediar el voto de al menos dos terceras partes del total de los miembros de las Cámaras y recién después de haberse cumplido los dos primeros años del mandato.
Esta propuesta, obviamente perfectible, obligaría a que se articulen los mecanismos institucionales correspondientes, a los efectos de ponerla en práctica.
Las plataformas electorales deberían ajustarse rigurosamente, y en todos sus puntos, a la Constitución Nacional, para evitar posteriores planteos de inconstitucionalidad después de ser presentadas en sociedad. En tal sentido habría que determinar la instancia previa y el procedimiento que garantice la viabilidad jurídica de cada plataforma electoral que se presente.
Todo esto exigiría una mayor responsabilidad de los partidos políticos y la necesaria previsibilidad de los candidatos. Sería un aporte a la seguridad jurídica y a la gobernabilidad.
Las alianzas electorales se verían obligadas a consensuar algo más que la distribución de futuros cargos públicos y eventuales cuotas de poder.
Quienes ejerzan la oposición no podrían oponerse a las grandes directrices ya plebiscitadas en las urnas y devueltas por la mayoría de la sociedad, a los políticos, como una orientación pero también como instrucciones a ser cumplidas.

Demos todos juntos un paso más, hacia el Bicentenario, fortaleciendo la democracia.

Evaristo Cultural

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